9/24/2017


LA GRAN ACCIÓN REPRESIVA DE FRANCO
QUE SE QUIERE OCULTAR

 

Por Francisco Moreno Gómez
(Publicado en Hispania Nova, Núm. 1, Extraordinario, 2015, dirigido por Ángel Viñas, bajo el título general de “Sin respeto por la Historia. Una biografía de Franco manipuladora”)

 

Resumen 

Ante la teoría de Payne/Palacios de que Franco fue un “ausente” en su gran plan represivo, este artículo pretende demostrar que el dictador no sólo estuvo siempre “presente” en la represión, sino que él mismo fue impulsor directo desde su Cuartel General, a través del SIPM, del que era jefe; un organismo encargado de la “represión rápida”, desde mediados de 1938. Al llegar la posguerra, Franco puso en marcha el proyecto represivo definitivo: la multi-represión, desde muchos ángulos, no sólo los fusilamientos, en un insólito ataque combinado, del que no fue ajeno el vector nazi. Utilizó la tortura, el trabajo esclavo, la represión económica, etc., y el hambre en las cárceles, a manera de su “Auschwitz particular”. Franco no cesó de dictar leyes represivas en catarata: 1939, 1940, 1941, 1943, 1947, etc., lo cual se ignora en el libro de Payne/Palacios, en un gran ejercicio de tergiversación.

Palabras clave:

 Represión franquista, multi-represión de la posguerra, la represión a través del SIPM, mortandad en las cárceles, conexiones nazis, blanqueamiento de la dictadura, los “enterados” de Franco.


1.  Preliminar 

        Escribir sobre Franco en el siglo XXI difiere bastante de cómo se hacía en el siglo anterior. La ciencia histórica ha avanzado. Hoy se sabe mucho más de los hechos ocurridos, entre otras cosas porque se dispone de más fuentes, de más archivos y de una bibliografía más extensa. La terminología también ha evolucionado, dejando atrás vocablos meliorativos o peyorativos, según aparecen en Stanley G. Payne y Jesús Palacios en su reciente biografía de Franco. En su libro todos los republicanos son siempre “revolucionarios” o “rojos”, que es falso. Estos autores no han ampliado su ángulo de visión, al ignorar fenómenos nuevos que han incidido en la historiografía, como el movimiento memorialista, la exhumación de fosas (con el consiguiente impacto nacional e internacional), la llamada Ley de Memoria Histórica (2007) y la entrada en acción de diversos organismos de la ONU sobre la criminalidad franquista, haciendo visible el “caso español” en el panorama historiográfico interior y exterior y en el plano de la justicia universal.[1]

Sobre todo, no es frecuente hoy la dicción tremendista, que quedó de manifiesto en la rueda de prensa que dieron los autores Payne y Palacios (en adelante P/P) en Madrid a comienzos de diciembre de 2014 cuando hablaron del pasado y del presente con evidente estilo alarmista: “No descartaría una crisis total del sistema en España (en 2014)… Actualmente la crisis política es peor que la económica… La situación política empeora cada día más.” [2] Es la misma visión con la que parecen afrontar la II República. Pero las realidades, entonces y hoy, no son tan catastróficas. Y si el presente aparece desenfocado en la retina de P/P, cuánto más podría ocurrir con la visión del pasado.

        No hay que olvidar que la victoria llegó sin ningún armisticio, en plena rendición incondicional y de debacle para los vencidos.[3] Quedaron borradas del diccionario las palabras amnistía o reconciliación. Se trataba entonces de consumar el proyecto represivo diseñado antes del 18 de julio para la consecución del poder y la destrucción del sistema republicano y de las élites y bases que lo sustentaban. La victoria supuso la intensificación del gran proyecto represivo, lo que llamamos multi-represión, que no era sólo matar, con ser esto gravísimo, sino acorralar a los vencidos desde todos los ángulos posibles, de una manera confluyente. El profesor Rodríguez Arias afirma que “Franco no sólo quería ganar la guerra; quería eliminar a cualquier sector social que pudiera dar sustento a la República española…”.[4] Un punto de vista bastante generalizado, que también hemos oído a Paul Preston: “A Franco, más que la conquista del territorio, le interesaba la represión del territorio. Su ritmo lento de guerra se explica por esto”.[5] Se trataba de un despiadado plan de exterminio, castizamente llamado “limpieza”, del que en modo alguno cabe eximir a Franco, perfecto conocedor e impulsor de la misma. En su estrategia, lo central era la “limpieza”; lo demás, colateral.[6] Hay que tener en cuenta que la multi-represión que se desencadenó en la posguerra forma parte del mismo proyecto y del mismo continuum represivo iniciado en 1936, pero en 1939 con una mejor y más perfecta dedicación, porque ya no existía el entorpecimiento de la guerra.

Cuando P/P entran en el capítulo 9 de su obra (“La represión de los nacionales”), se limitan a bordear, sin afrontar, el gran programa represivo de Franco, admitiendo sólo algunos de “sus excesos”, pero tapándolos con la magnificación de las “maldades” de los republicanos, a los que jamás llaman por este nombre. En realidad, comprobaremos que desconocen en absoluto la realidad de la represión franquista (campos, cárceles, fusilamientos, de torturas ni una palabra, y las diferentes represiones -económica, ideológica, de la infancia, exclusión laboral, etc.). Este artículo tenderá a exponer con claridad lo que Franco hacía, cómo reprimía y cómo mató para destruir la República democrática, sus élites y sus bases socio-políticas. Hoy, la reconstrucción histórica de aquella gran complejidad violenta diluirse y ocultarse bajo el simplismo de la supuesta reconciliación.[7]
 

2.  La eclosión de la venganza en 1939.
Franco, además, jefe del SIPM


        Existe un aspecto de la inmediata posguerra que desmitifica muchos tópicos como es la vana pretensión “blanqueadora” del perfil del dictador, según la cual éste ejercía su mando un tanto “ausente” del derramamiento de sangre de la gran represión. Así aparece en el libro de P/P con observaciones de este tenor: “En cualquier caso, la represión siguió siendo responsabilidad de los tribunales militares” (pp. 261 y 262). Curiosa exculpación, pero los autores olvidan que “eran los tribunales militares de Franco”  y que las sentencias de muerte las firmaba Franco. No existió ninguna decisión “delegada” propiamente dicha para la firma de sentencias. Franco “no delegó” su alta misión punitiva. Cuantos expedientes de ejecución de pena capital hemos consultado incluyen, generalmente, el “enterado” del dictador. Muy excepcionalmente puede faltar este requisito en algún caso aislado, por motivo de rapidez sumaria y por el agobio de expedientes en que se veía envuelta España entera. Rara vez pudo darse el encargo circunstancial del “enterado” al Auditor o al Capitán General.[8] Pocas veces. Incluso en el sumarísimo de urgencia de “Las 13 rosas” (Madrid, 1939) llegó el “enterado” del dictador, pero una semana después de la ejecución.  
 

2.1 Franco, impulsor directo de la “gran limpieza” 

En realidad, los “enterados” estuvieron siempre en manos de Franco, y los “tribunales militares” no pasaron de ser una tramoya subalterna y carecieron, lógicamente, de independencia. Los sumarios los originaba cada Auditoría de Guerra (Mérida en Badajoz, Peñarroya en el Norte de Córdoba, etc.). La Auditoría designaba a los jueces instructores en las principales localidades. Terminados los sumarios, se nombraba un tribunal militar, que “juzgaba” y ahí terminaba su misión. Luego, la Auditoría aprobaba las sentencias, pasaban a Capitanía General, de ahí al despacho de Franco, quien personalmente repartía a voleo los “enterados”, al lado de su ayudante Martínez Fuset.[9]

Es conocido que una de las tareas predilectas cotidianas de Franco era el trajín de despachar y “enterarse” de montones y montones de expedientes sumarísimos. Todavía en guerra, las carpetas de expedientes iban siempre con Franco en el vehículo de sus traslados. No podía delegar lo que para él era crucial, no tangencial, en el proyecto golpista del 18 de julio. Todo este sendero de la muerte es desconocido en el libro de P/P, que pone el énfasis en los “tribunales militares”, los cuales no eran los directores de la represión, sino simples “despachadores” de los sumarios que se les ponían por delante. Lo cierto fue que todo el andamiaje represivo llevaba la aprobación y firma de Franco. Con la sublevación militar, la Junta de Defensa Nacional (Junta Militar) asumió todos los poderes en Justicia (28-7-1936). Estos poderes los asumió el Alto Tribunal de Justicia Militar, por un decreto firmado por Franco (24-10-1936). Así continuó, hasta que Franco estampó su firma en la Ley de 5-9-1939, que creó el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Quienes hemos manejado centenares de expedientes de guerra, desde los primeros años de plomo hasta bien entrada la década de los cuarenta, sabemos de la intervención directa de Franco en la burocracia de la muerte. He aquí un par de  ejemplos para ilustrar a P/P en lo que era el ceremonial de la muerte (1937-1950). Como son sólo dos ejemplos, por una vez permítasenos que seamos detallados. En 1939, el Juzgado Militar de Peñarroya (Córdoba) instruyó la causa contra Gabriel González Godoy, natural de Linares, partiendo de telegramas remitidos por la Guardia Civil de esta localidad, que lo calificaban de “malos antecedentes” (izquierdista). El prisionero redactó un recurso que no surtió efecto. El 6-7-1939 se celebró la vista de tipo colectivo ante el Tribunal Militar ambulante y fue condenado a muerte  El 8-8-1939 la Auditoría de Guerra del Ejército del Sur (Sevilla) aprobó la sentencia. El “enterado de S. E. el Jefe del Estado” no llegó hasta el mes de octubre. El trabajo de Franco en estos menesteres era abrumador en el año de la victoria. Así pues, el 30-10-1939 llegó por la mañana a Peñarroya el expediente de González Godoy, con el “enterado” fatídico. A las 17 h., según trámite habitual, se reunió el tribunal para ir recibiendo a las víctimas, que eran siete, y se les leyó a cada una su sentencia, condena a muerte y el “enterado”. A continuación los pusieron “en capilla”, por escasísimo tiempo, porque la ejecución se llevó a cabo a las 20 horas. La familia de González sólo sabe que el cuerpo fue a parar a la fosa común y no recibieron ninguna carta de despedida. Solía ocurrir que al reo que no confesaba el capellán le destruía las cartas de despedida.

Procede ahora dar un salto en el tiempo, para corroborar el conocimiento de Franco en toda la cadena represiva. Tal vez  P/P lleguen a tomar buena nota de estas cuestiones, en las que aparecen no sólo como poco expertos sino como erráticos. Un ejemplo de 1945: Francisco Jiménez Pozo “El Churro”, miembro del maquis, en la línea Jaén-Córdoba. Apresado en enero de 1944, se le fusiló en 1945, no en aplicación del Código de Justicia Militar, sino por la Ley de Seguridad del Estado, de 1941 (Artículo 53, sobre “atraco a mano armada”, los típicos golpes económicos que daba el maquis). Son ya persecuciones no de guerra, sino de posguerra. La cadena de los expedientes resulta ahora más compleja: del Gobierno Militar de Jaén al Auditor de Sevilla, luego al Capitán General de la II Región, después al Auditor del Ministerio del Ejército (Madrid), y se produce el “Enterado del Gobierno”. Ahora vuelta para atrás, por el mismo camino, siempre con Franco en la cúspide.[10] Al final, el Gobierno Militar de Jaén nombra Juez Militar de Ejecutorias, a fin de comunicación y ejecución de la víctima.[11] Queda probado: Franco no delegaba su facultad de dar el visto bueno a todas las sentencias de muerte, o personalmente o con su Gobierno.  

En un principio, todos iban a la fosa en aplicación del Código de Justicia Militar de 1890 (CJM), vigente hasta 1945, en una especie de “justicia al revés”.  Se  condenaba por delito de “rebelión” a quienes habían sido leales al Estado constitucional. Esta circunstancia importantísima se halla ausente en el libro de P/P. Si se lee el Artículo 237 del CJM, sobre el delito de rebelión, resulta sorprendente: “Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la Constitución del Estado, contra el Rey, contra los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno legítimo… siempre que estén mandados por militares…”. Así pues, ¿quiénes debieron ser juzgados por rebelión ante los hechos del 18 de julio? Los franquistas incumplían su propio Código. El Artículo 238 establecía la “pena de muerte” para cargos de responsabilidad. En los Artículos 239, 240 y 241 se establecen penas no de muerte para los implicados en sedición, auxilio, provocación, inducción, excitación o conspiración. También en esto incumplieron los vencedores su propio CJM, aplicando a mansalva la pena de muerte para casos de no responsabilidad.[12]

        Por lo tanto, resultan inútiles los diversos intentos de P/P por exculpar a Franco, al desconocer los vericuetos de la “justicia” militar y los diversos organismos que intervenían, incluido el propio dictador. Decir que “en los primeros meses Franco tuvo poco que ver con la represión” (p. 259) es un gran disparate, porque lo primero que hizo en Ceuta y Melilla fue someter a estas ciudades a un baño de sangre. Franco se cuidó mucho de dejar bien fusilados a los militares no golpistas, entre ellos a su primo el comandante Lapuente Bahamonde (5-8-1936). Cuando Franco llegó a Sevilla el 15-8-1936, sabía perfectamente que Andalucía y Extremadura se hallaban en un charco de sangre. Las primeras víctimas del golpe militar fueron los militares leales, cuando los republicanos todavía no habían iniciado matanza alguna, que no empezó, propiamente, hasta el asalto al cuartel de la Montaña, en Madrid.

        Es erróneo que “en las primeras veinticuatro horas, tras el inicio de la rebelión militar, se habían creado los consejos de guerra” (p. 257). No es cierto. Funcionaron algunos “consejillos” de guerra dispersos, pero sólo para fusilar a alguna personalidad relevante, civil o militar, como el citado comandante Lapuente, o el capitán Tarazona, en Córdoba, y poco más. Casi todas las víctimas de 1936 (muchas después) fueron a la muerte en un simple “paseo”, sin la posibilidad de estos “consejillos” de guerra improvisados. Los consejos de guerra no empezaron a extenderse, poco a poco, hasta la primavera de 1937; sin olvidar que siempre que los franquistas ocupaban pueblos y ciudades aplicaban primero la “limpieza” rápida, con “paseos” y “ley de fugas” sin miramientos. Luego, uno o dos meses después, con más tranquilidad, se pasaba a los consejos de guerra.

        La “limpieza rápida” se desencadenó, por ejemplo, tras la ocupación de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Serena (Badajoz), etc. Primero, los “paseos” (“choques con la fuerza pública” los llamaban) y después empezaban a funcionar las Auditorías, los Juzgados Militares y, por último, sentenciaban los tribunales militares en sus consejos de guerra. El libro de P/P se pregunta “dónde se asesinaba más” (p. 257), cosa que Payne sabía perfectamente hace unos años, en sus primeras obras, antes de su reconversión. No se comprende por qué ahora todo es diferente ni por qué ahora estos autores califican la Ley de Memoria Histórica como “torticera y revanchista” (p. 257), apelativos que sólo indican un posicionamiento ideológico actual, pero no historiográfico.


2.2 El gobierno de Franco nombraba a los represores provinciales 

        Insistimos en la constatación de que Franco era el administrador directo de la gran represión. Los autores P/P se empeñan en seguir exculpando al dictador de la matanza inmisericorde: “Los jefes locales (franquistas) no estuvieron sujetos a ningún control durante las primeras semanas y meses, hasta que Franco fue proclamado Generalísimo” (p. 257).[13] Esto es radicalmente incierto. En provincias, nadie mataba a nadie  sin llamar antes a Pamplona, Sevilla o Salamanca-Burgos, sedes del triunvirato. Las instrucciones se repartían a placer a través de los Gobiernos Civiles o Militares. Cuando el sátrapa de Granada no sabía qué hacer con García Lorca, llamó a Sevilla, donde Queipo le indicó que le dieran “Café, mucho café”, la trágica consigna.[14]

        Decir que “Los jefes militares regionales del bando nacional fueron los responsables de la represión” (p. 258) es puro confusionismo, porque esos jefes sólo eran tres: Franco-Queipo-Mola. Desde una publicación de 2006 (J. L. Cervero) sabemos cómo los jefes militares regionales estaban totalmente supeditados al “Cuartel General del Generalísimo”. Los ejecutores materiales de las matanzas eran, sobre todo, los delegados de Orden Público.

Pues bien, estos delegados los nombró, para todas las ciudades franquistas, el general Martínez Anido, ministro de Orden Público (en adelante O. P.) de Franco, con el visto bueno de éste. Hay un documento de nombramiento de 45 Delegados de O. P., con fecha 11-11-1937, con la firma de Martínez Anido y la de Franco. En esa lista aparecen muchos de los grandes genocidas de la zona franquista, la mayoría oficiales de la Guardia Civil. Cuando Queipo de Llano nombró (8-enero-1937) Delegado de O. P. de Málaga, próxima a caer, al genocida de Baena, teniente Pascual Sánchez Ramírez, que luego arrasó la ciudad, Queipo pidió antes el visto bueno al general Inspector de la Guardia Civil con residencia en Valladolid.[15] Por tanto, nada de improvisaciones: la jerarquía y la escala de la represión franquista estaban en perfecta coordinación, desde Burgos/Salamanca. Por otra parte, mucho menos se puede echar la culpa de la represión a “los falangistas” (p. 258). Es verdad que fueron entusiastas partícipes en las patrullas de la muerte, pero casi siempre a las órdenes de un militar.

        En realidad, el libro de P/P no sabe a quién echar la culpa de la gran represión: los jefes locales, los jefes militares, los tribunales militares, los falangistas, etc.… Demasiadas vueltas, para un solo culpable. Luego utilizan los autores otra teoría peregrina para “blanquear” a Franco, y es el invento de que “al final, actuó para reducir y controlar la represión tras la conquista de Málaga…” (pp. 260 y 261). ¿Y por qué desde el 1º de octubre anterior esperó tanto para reducir la represión? Porque tal aseveración es falsa. Y nombran, precisamente, a Málaga, en cuyo cementerio de San Rafael se han localizado 4.000 esqueletos, la mayor fosa de Europa occidental después de Srebrenica, a lo que habría que sumar las aproximadamente 3.000 víctimas civiles ametralladas y cañoneadas en la carretera de Málaga-Almería, la llamada “gran desbandá”.[16] Un genocidio que movió a León Felipe a escribir La Insignia y al médico canadiense Norman Bethune a confesar lo siguiente: “España es una herida en mi corazón. Una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá siempre conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto”.[17]

La gran cantidad de evacuados de Málaga fue perseguida por los franquistas en distintas direcciones. El gran contingente fugitivo siguió la carretera Málaga-Almería, pero muchos de los “no significados” políticamente marcharon hacia sus pueblos de origen. Unos fueron asesinados en Ronda, otros en la fosa de Órgiva (Granada), y otros -está constatado- en Puente Genil (Córdoba), en Morón (Sevilla), etc., durante los meses siguientes. Y eso que Franco ya quería reducir los crímenes.... Luego vendrá, en 1937, la ocupación de Asturias o la de Santander, con una oleada de “paseos”, más los consejos de guerra, que se llevarían por delante, por ejemplo, a Leopoldo Alas Argüelles, rector de la Universidad de Oviedo, hijo del célebre “Clarín”. Ya había caído el rector de la Universidad de  Granada, Salvador Vila, asesinado el 22-10-1936 (El rector de la Universidad de Valencia, Juan B. Peset, sucumbiría en 1941). En 1938 ocurrieron horrores en la citada ocupación de La Serena (Badajoz), después Lérida, etc. En 1939, la masacre de Tarragona, y ya en la victoria, la “época dorada” de la “ley de fugas” por Badajoz-Córdoba, etc., a manos del SIPM,[18] del que era jefe el propio Franco desde su “Cuartel G. del Generalísimo”.
 

2.3 La falaz “magnanimidad del Caudillo”

        Los autores P/P se afanan en hacer aparecer algunos organismos recién creados para demostrar la mítica “magnanimidad” o benignidad del Caudillo, como el Alto Tribunal de Justicia Militar (24-10-1936), que no fue “una corte de supervisión y apelación de los tribunales militares” (p. 259). Gran error. Fue, simplemente, el órgano que entendía de competencias y coordinación, como plasmación de la hegemonía de la justicia castrense, tras la casi anulación de la justicia ordinaria.[19] Lo cierto fue, para mayor abundancia, que el Alto Tribunal de Justicia Militar, para impedir la posibilidad de recursos, emitió una circular de fecha 21-11-1936, en la que la posibilidad de interponer recursos sólo podía referirse a los casos que no fueran sumarísimos, que eran casi todos.[20] En esas fechas, ni funcionaban tribunales militares (salvo en casos contadísimos) ni siquiera había pensado el Estado dictatorial incipiente en apelaciones ni pequeñeces similares, cosa que no se permitió hasta el 25 de enero de 1940 con las Comisiones de Examen de Penas,[21] que tampoco eran como piensan P/P, ya que incluían hasta 33 supuestos de exclusión para poder plantear una revisión o apelación.

Que el tema lo desconocen los autores se demuestra en que  atribuyen a estas Comisiones poder “revisar todas las penas” (p. 267). No fue cierto. Para empezar, estaban excluidos los condenados a pena de muerte, a pena de muerte conmutada y a treinta años, que formaban el gran contingente de condenados. Los casos incluidos eran las condenas menores y poco más. En realidad, la orden se dio para coordinar los centenares de tribunales militares y que no hubiera disparidad de criterios. Y segundo, los hechos probados no se podían revisar, sólo se tenían en cuenta “atenuantes”, si los había, sobre todo la conducta del penado “antes del Movimiento”.[22] Los errores vuelven a provenir de Julius Ruiz, que viene dando a esta orden-circular franquista unos efectos que no tuvo.

         Los autores P/P incurren en contradicción respecto al supuesto temperamento “magnánimo del Caudillo” porque se les escapa en algunos párrafos la auténtica realidad inhumana, cruel y sanguinaria del dictador. Escriben: “… a menudo se mostraba tan severo e impersonal que parecía no conocer las emociones humanas” (p. 264). En esto han acertado plenamente. Todos los testimonios han coincidido en esto siempre: que no le importaba nada la muerte ajena. Y más exacto resulta cuando escriben: “Fueron pocas las ocasiones en que atendió las peticiones de clemencia para personas condenadas…” (p. 261) y cuentan una anécdota a la medida de la crueldad del personaje: “El presidente de Acción Católica, Fernando Herrera Oria, dirigió en 1937 varias protestas a Franco, que dejó de recibirlo. Más tarde, Franco lo deportó en 1939” (p. 261).[23] Por tanto no parece cierto lo que dicen P/P, que Franco se puso a controlar la represión después de la toma de Málaga. Las protestas de Fernando Herrera, que no surtieron ningún efecto, demuestran lo contario. Donde sí aciertan nuestros autores es en esto: “…La represión por parte de los nacionales se volvió más organizada, fue la más efectiva de las dos y también la que se cobró más vidas…” (p. 259). Por fin una visión fugaz de la verdad histórica, cuando consiguen levantar la niebla artificial.

A partir de la pág. 267, P/P diseñan un canto a las bondades del régimen por una serie de indultos que se concedieron (se llamaban “medidas extraordinarias de libertad condicional”, no “indultos”). Ponen el énfasis en este aparente rasgo “paternal”, pero la cuestión de los indultos no puede interpretarse como un gesto filantrópico o magnánimo del dictador, sino como un remedio de emergencia, a cuentagotas, dados: la gran masificación carcelaria, el caos insostenible y la falta total de infraestructuras. Ante aquella locura de medio millón de presos o más (entre campos y cárceles), Franco no tuvo más remedio que ir soltando lastre.[24] Además, los libertos no salían a ningún paraíso, sino a sufrir el acoso en sus pueblos de origen, sin libertad de movimientos, con vigilancia de la Guardia Civil y presentaciones diarias al atardecer a la puerta del cuartel, a “pasar lista”, cantar el Cara al sol y a recibir, algunos, una ración de palos. Los libertos “gozaban”, además, del vacío social, de las “listas negras” para trabajar y de la exclusión de todo tipo.

La relación de “indultos” que presentan P/P está llena de errores. El primer “indulto” (“medidas extraordinarias de libertad condicional”) fue el 5 de abril de 1940, “para mayores de sesenta años, que tuvieran cumplida la cuarta parte de la condena”. El 4 de junio de 1940, para los “condenados entre seis años y un día y doce años, cumplida ya la mitad de la condena y con una conducta ejemplar”. Los resultados numéricos fueron poco significativos, porque lo abundante en las cárceles eran las penas mayores, no las menores. Además, hay que recordar que muchas de las liberaciones lo eran “con destierro”, a 250 kms. del pueblo de origen. Añadamos otra gran salvedad: muchos de los presos que salían no era a la calle, sino a los campos de trabajo, colonias penitenciarias, zonas devastadas, destacamentos penales, etc., Su número ya no contaba en las estadísticas de las prisiones. Cuando se daban cifras de presos, no cabe olvidar que otros tantos penaban en el trabajo esclavo. Por todo ello, el bienio dorado del trabajo esclavo fue 1942-1943. No obstante, los presos preferían este destino, porque dentro de las prisiones se morían de hambre. Insistimos en que los “indultos” fueron poco significativos numéricamente. Por ejemplo, en el de 13 de marzo de 1943,  sólo afectó a 1.087 presos de toda España (311 con destierro, y 776 sin destierro).[25]

Para seguir un poco la secuencia de los hechos continuó la indulgencia el 1 de octubre de 1940: se concedió libertad condicional a los condenados a 12 años y un día. El 16 de octubre de 1942 se amplió un poco la concesión: hasta los condenados a 14 años y ocho meses. El 29 de septiembre de 1943 se extendió la medida a los condenados mayores de 70 años, con exigencia del visto bueno del recién creado Servicio de Libertad Vigilada, al que más adelante aludiremos. El 17 de noviembre de 1943 se otorgó la condicional a los condenados a veinte años y un día “por razones de salud, extraordinario comportamiento (es decir, aventajados en religión, propagandistas de Redención, lo que se puede llamar “conversos” al Régimen) u otros méritos sobresalientes”. Las cifras que aportan P/P sobre los llamados “indultos” no son rigurosas. Lo cierto fue que desde primeros de 1940 hasta mediados de 1941, sólo pudieron acogerse a la “libertad condicional”, 28.787 presos.[26] En 1942, los beneficiados fueron 29.353.[27] Rodríguez Teijeiro ya ha llamado la atención sobre las cifras infladas de Payne.[28]

Por último, llegamos al mítico “indulto total” de 9 de octubre de 1945, que olvidan P/P, donde la palabra “total” ha confundido a muchos. “Total” no se refiere al número de condenados, sino a “la totalidad de la pena”, de esta manera: “… se concede indulto total de la pena impuesta (no el total de presos), por los delitos de rebelión militar, contra la seguridad interior del Estado o el orden público”. Y se hacía la concesión a petición de los interesados, lo cual llevaba meses y meses de trámites. En el preámbulo se observa un tono propagandístico de cara a los aliados, al fin de la II Guerra Mundial. Se habla de “la normalización de la vida española”, para lo cual hay que distinguir “a los que lucharon arrastrados por la pasión política y los que dirigieron y excitaron a las masas”. Por tanto, se establece una división de los presos entre “engañados” y “engañadores”. Para éstos, las penas más severas. Para los comunistas y los masones no había redención posible. José Manuel Sabín ha ofrecido datos de los efectos del indulto de 1945 en Toledo (Ocaña, Talavera de la Reina), comprobando que a finales de 1945 sólo habían salido por tal indulto 35 presos. Fue en 1946, cuando salieron más presos: 523.[29]
 

2.4 Franco como represor directo a través del SIPM 

        Lo que no podían imaginarse los autores P/P es que Franco, no sólo no era ningún “ausente” en el programa represivo, sino que él mismo dirigió, porque dependía de su Cuartel General, la fuerza pretoriana más sanguinaria de los días de la Victoria, el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Conviene detenerse en estos datos sorprendentes, ya que P/P han dedicado gran parte del capítulo 9 a exculpar y blanquear la figura de Franco,[30] culpando a otros del derramamiento de sangre. Franco era conocedor y protagonista, mediante las fuerzas del SIPM, que aplicaron los “paseos” a toda máquina en abril y mayo de 1939 contra personal civil y contra prisioneros de los campos de concentración como el de Castuera.

En aquella “primavera negra” (abril y mayo, 1939) el repunte del “paseo” y de la “ley de fugas” se desbordó, aunque nuestros biógrafos lo ignoran por completo. He aquí algunos ejemplos de la “primavera negra”: 70 “paseados” en Casas de Don Pedro; en Orellana la Vieja, 63 “; en Don Benito, 61, etc. (pueblos de Badajoz). En Pozoblanco (Córdoba), constan 101 víctimas de la “ley de fugas” en los citados dos primeros meses de la victoria. Y existen muchos datos más por toda la zona Centro-Sur[31] que revelan el programa “rápido” del gran vencedor.

¿De dónde partió la ejecución del programa de “limpieza rápida”, o “ley de fugas”, de abril y  mayo de 1939? Del temible Servicio de Información y Policía Militar (el SIPM). La sorpresa surge cuando caemos en la cuenta de que el jefe último del SIPM era el propio Franco y así figura en los Estatutos: “La Jefatura del SIPM dependerá directamente de S.E. el Generalísimo, cursando todos los asuntos corrientes por conducto del general Jefe del E. M. General”,[32] es decir, el general Martín Moreno. Este servicio informativo y policial de Franco arranca el 14-9-1936, cuando se creó el servicio secreto (SIM), bajo el mando del general Múgica, con cuartel general en Burgos. El 30-11-1937 Franco firmó la creación del SIPM, que empezó a actuar a partir de marzo de 1938, un año antes de la victoria, gozando en todo momento del asesoramiento de los servicios secretos alemanes e italianos.[33]

En marzo de 1939, cuando se avecinaba el proyecto colosal de puesta en marcha del Nuevo Estado dictatorial, Franco sólo estaba obsesionado con los planes represivos. Empezó a distribuir “Instrucciones” para el SIPM desde Burgos, con el fin de que las represalias fueran exhaustivas. En la “Instrucción nº 4” (10 de abril) remitía normas para la organización de campos de concentración: “un campo por cada División enemiga…”.[34] Aunque se establecieran campos adicionales, siempre se nombrarían por el de mayor importancia.

Pero lo más significativo fue el eufemismo que empleó Franco en las “Instrucciones” de los días 29 y 30 de marzo referentes a los campos: “…al propio tiempo que se lleva a cabo el cumplimiento de misiones que no admiten demora, se hace posible una permanencia mayor de los prisioneros y presentados…”.[35] La “misión que no admitía demora” era la “limpieza rápida”, las ejecuciones sumarias y los “paseos” de la victoria. El único proyecto nacional que interesaba a Franco era el justiciero. A primeros de marzo de 1939 puso en marcha los “Servicios de Justicia de los Frentes”. A los prisioneros, antes de ponerlos a disposición de la Inspección Central de Campos de Prisioneros (ICCP), se les pasaba por esta primera criba del SIPM para lo que ya se ha dicho: “el cumplimiento de misiones que no admiten demora”. Lo suyo era poner a los prisioneros a disposición del Auditor del Ejército de Ocupación, pero muchos vencidos no tuvieron esa oportunidad.

En la “Instrucción nº 4” (10 de abril) se incluyen también “Instrucciones” de 27 de marzo y de 6 de abril (1939), con normas tan sorprendentes como las siguientes: “En cada Campo de Concentración se constituirán tres Tribunales Especiales de Clasificación, designados por el jefe de Batallón de Custodia, e integrados por un Capellán y tres oficiales del mismo, de los que el de mayor graduación o antigüedad desempeñará el cargo de presidente, y el Capellán y los otros dos, de auxiliares…”.[36] En esta composición se constata la total implicación de la Iglesia en la gran represión de Franco, tema astutamente eludido por los autores P/P.

Del plan general de torturas, que afectó a casi toda la España vencida, también se ocupó Franco en su “Instrucción nº 3”, emanada de Burgos, para su ejecución por parte del SIPM, en los términos siguientes, lógicamente con eufemismos: “El Oficial interrogador no se limitará a un simple sistema cerrado de preguntas y respuestas sino que, haciendo uso de la mayor habilidad, procurará obtener de los prisioneros todos los datos que se interesan… utilizando en el interrogatorio cuantos artificios le sugieran su imaginación y experiencia.” [37] (Subrayado en el original).

Que la ejecución del terror de la primavera de 1939 corría a cargo del SIPM lo tenemos ampliamente documentado. Todas las inscripciones en el Registro Civil de Pozoblanco se hacían por “oficio de la Comandancia de Policía Militar”. En Villanueva de Córdoba ha quedado triste memoria de las actuaciones del “Teniente del SIPM”, Leopoldo Mena. Hasta en los papeles de la Causa General se coló información sobre el terror del SIPM en abril y mayo de 1939, mediante “paseos” o ejecuciones sumarias. En Fuenlabrada de los Montes (Badajoz) se incluyó esta información sobre 17 fusilamientos iniciales en la primavera de 1939: “… después de la liberación de este pueblo fallecieron de hemorragia aguda por acción de agente traumático lanzado por las fuerzas de la Policía Militar; se encontraban detenidos por las fuerzas militares y todos en general fueron antes y durante el Glorioso Alzamiento nacional destacadísimos elementos desafectos de la santa causa…”.[38]

De la importancia represiva del SIPM da una idea el hecho de que sus fuerzas fueron incrementadas con 9 batallones más en toda la línea Centro-Sur, en vísperas de la victoria: 2 batallones más en Badajoz, 3 más en Córdoba, y el resto, en Granada y Almería.[39] Lo más terrible de la represión parece que lo sufrieron Badajoz y Córdoba, bajo el mando del capitán de la Guardia Civil Manuel Carracedo. Todo esto nos lleva a una elemental conclusión: la dirección de la gran represión la llevaron siempre los militares, por más que contaran con la entusiasta colaboración de falangistas, carlistas, o personal civil variopinto. Siempre que se organizaba una “patrulla de la muerte”, estaba presente un militar. Los hechos se contradicen con la afirmación  de P/P de que “el soporte más importante en dicho sentido (las ejecuciones) fueron los falangistas” (p. 258). Esto no es cierto y carece de fundamento. Los falangistas mataron mucho, pero al lado de los militares.


3.   Lo que ocultan Payne y Palacios:
 campos, cárceles y multi-represión.       

No cabe presentar una biografía de Franco sin entrar de lleno en su estrategia represiva y recurriendo a tópicos o tratando de diluirse en “otras guerras civiles”, las cuales nunca se concretan. El gran apresamiento masivo de 1939, de cerca de un millón de hombres y mujeres, ni tiene parangón en la historia de España, ni se dio en la zona republicana, ni se dio en esas inconcretas “guerras civiles revolucionarias” a las que gustan aludir P/P. La España de Franco tuvo aquí otro de sus records, con la única similitud de los campos nazis, mutatis mutandis, creados por Hitler desde 1933. Mussolini organizó sólo uno, en Trieste. Franco superó a todos, con nada menos que un centenar de campos sin contar los provisionales. Por supuesto, no hay que aclarar que Franco fue el primero en número de campos, pero no en número de muertos. Este apresamiento masivo (campos y prisiones) constituye la época más negra y vergonzosa de la historia española.[40] Los prisioneros de Franco se exponían, primero, a una violencia de Estado.[41] Segundo, el apresamiento masivo fue un gran proyecto  no solo de reclusión sino también de represión, de castigo, de eliminación o de “reeducación”. Este proyecto tuvo mucho que ver con la política criminal del III Reich, es decir, el proyecto dictatorial y fascista europeo: excluir, seleccionar, castigar y aterrorizar a los oponentes políticos.[42] Insistimos siempre en las consabidas diferencias (sin olvidar las similitudes).

        El apresamiento masivo franquista alcanzó cifras hiperbólicas, en abril de 1939. Unos 507.000 ó más en los campos de concentración.[43] En cuanto a los recluidos en las múltiples prisiones franquistas suele citarse  un cómputo oficial del régimen cifrado en 270.719 presos a finales de 1939.[44] De éstos, 23.000 eran mujeres, muchas con sus niños, los cuales no se registraban.[45] Con razón, Martín Torrent, capellán de la prisión de Barcelona, pudo escribir en 1942 sobre “la población penitenciaria más importante de España y seguramente… la más numerosa del mundo”.[46] Los estudiosos coinciden en que tal cómputo está seguramente minimizado, dada la fecha de su publicación, a finales de la II Guerra Mundial, cuando al régimen de Franco no le interesaba aparecer con datos excesivos de presos políticos.

        Por otra parte, en el citado cómputo no se incluían los 90.000 prisioneros destinados en los Batallones de Trabajadores, así como los 47.000 de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores ni casi con toda seguridad los numerosos presos de las cárceles menores de los pueblos, que no pasaron a las grandes prisiones hasta finales del verano de 1940. No se incluían tampoco los muchísimos presos preventivos o gubernativos, desperdigados por todas partes y en la Dirección General de Seguridad. Sobre la minimización de cifras de la represión franquista ha escrito Ricard Vinyes: “… Las cifras se mistificaron siempre… La naturaleza de esta mistificación fue política e ideológica. No me refiero a la evidente intención de la dictadura de propagar que había pocos presos políticos, sino a la de que no había ninguno y que sólo había delincuentes…”.[47]

La represión fue mucho más que la de los paredones. El castigo se centró, sobre todo, en el mundo carcelario, un círculo infernal de donde partían todas las formas de castigo-sumisión de los vencidos, la “multi-represión”. El mundo represivo franquista fue todo un proyecto de castigo de los vencidos, dirigido por el Estado y sus funcionarios. Este proyecto de Estado no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la zona republicana. La diferencia es abismal y hay que verlo así desde la ciencia histórica. Del círculo carcelario franquista salía todo el abanico de las modalidades represivas, muy numerosas y complejas.
 

3.1 Los elementos de la multi-represión

1) En el círculo carcelario se ubicaba, primeramente, el ceremonial de los fusilamientos masivos, unos 40.000 o más en la posguerra (sin contar los 100.000 exterminados durante la guerra, cifras comúnmente sostenidas por la generación de historiadores españoles aplicados a esta cuestión en los últimos treinta años). Precisamente en este punto, el de las cifras,  el libro de P/P presenta un verdadero caos, sin una fundamentación investigadora. Los autores nadan ahí en aguas desconocidas. Dicen que “se ha exagerado el número de muertes violentas, civiles y militares, durante la Guerra Civil” (p. 262). ¿En qué datos basan la supuesta exageración? Y se inventan un cómputo de 340.000 muertos (en retaguardia y en los frentes), pero sin ningún apoyo documental. Se trata de una cifra conjunta que no hemos leído nunca en ningún especialista. Después, presentan otras cifras desconocidas entre los historiadores especializados: “Se dictaron casi en total 51.000 sentencias de muerte, de las que no menos de 28.000 se cumplieron” (p. 266). Otra pura invención que los autores toman del consabido Julius Ruiz.[48] Sólo en el Archivo Militar Territorial Primero (Madrid) existen 300.000 personas encausadas (según testimonio directo y personal de los archiveros). Resulta inconcebible que, habiendo aparecido en España varias decenas de monografías territoriales de enorme valor, con la cuestión de las cifras por delante, P/P se hayan dignado despreciarlas y no consultarlas, yendo a beber en fuentes más sectarias que rigurosas en panorama actual. Convertir a estas alturas a Julius Ruiz en una autoridad en materia de represión franquista, despreciando todo lo hecho en España, es algo totalmente improcedente.

Más adelante ofrecen los autores otro recuento de víctimas discordante, según el cual las víctimas de derechas fueron 56.000, y las republicanas, 80.000 (pp. 258-259), cifras también tomadas de Julius Ruiz,[49] y nuevamente erróneas. En cuanto al número de “caídos” (derechas), el especialista José Luis Ledesma sitúa la cifra en 49.272.[50] En cuanto al número aproximado de eliminados por el franquismo, en nuestro libro Víctimas de la guerra civil, hicimos la estimación, a partir de datos de dos tercios de las provincias, en 140.000.[51] En torno a esta gran masacre se mueve la mayoría de los autores especialistas en el tema.[52] El gran problema del cómputo republicano es la existencia de los “desaparecidos” (la mayoría, no inscritos o indocumentados), que el auto del juez Baltasar Garzón (16-10-2008) cifró en 114.226.[53] Este dato tiene su mini historia, ya que saltó a la prensa (El País, 17-10-2008), cuando todavía estaba incompleto. En el “Informe sobre la represión franquista” que F. Espinosa entregó en el Juzgado de Garzón, la cifra mínima de “desaparecidos” fue de 129.472.

Con todo, las cifras “exactas” sobre las víctimas mortales causadas por el franquismo son imposibles de dilucidar. Los autores P/P deben anotar lo siguiente, si pretenden fundamentar su fe en la “magnanimidad del Caudillo”: 1) Las sacas y fusilamientos casi diarios que ocurrieron en torno a los campos de concentración (Castuera, La Granjuela, San Marcos de León, etc., monasterio de Uclés, Ronda, San Cristóbal…). 2) Los que perecieron en torno a los campos de trabajo, cifras todavía imprecisas, pero considerables; 3) Los miles que murieron en los campos franceses en los tres primeros meses del exilio.[54] 4) Los varios centenares que dieron su vida en el trabajo esclavo del Norte de África. 5) Los alrededor de 6.000 españoles abandonados en el exterminio de los campos nazis. 6) Los casi 15.000 presos (falta un balance definitivo) que perecieron por hambre y privaciones en las cárceles franquistas, sobre todo en 1941 (año que para Julius Ruiz es ya “año de inflexión” en la represión franquista). Poseemos datos de una docena de prisiones, y las víctimas ya superan las 6.000. 7) Los 3.500 maquis abatidos en las sierras de España. 8) Los más de 1.500 civiles eliminados por la Guardia Civil mediante la “ley de fugas” en el que he denominado “trienio del terror” (1947-1949). En Córdoba cayeron así en las cunetas 160 personas, sobre todo en 1948 (cuando en la ONU se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos), con similar matanza en otros lugares. En 1949, cuando ocurrían los Convenios de Ginebra de agosto de 1949, Franco fusilaba sin formación de proceso en la sierra de Sevilla y en otros lugares. En 1950, por ejemplo, se aplicaba el “paseo” sin piedad en Nerja (Málaga, Granada, etc.). De esta catástrofe humanitaria no se habla. Por todo ello, cuando P/P escriben del final de “la ley marcial, el 7 de abril de 1948” (p. 261) como el fin de la represión, cometen un gran error, pues aquel año, el siguiente y el siguiente cayeron muchas personas en toda España, víctimas de la “ley de fugas”. Ante tal complejidad de lo que fue la represión franquista, resulta ridícula esta afirmación de los autores: “Al parecer, los revolucionarios izquierdistas fueron los más avergonzados por su sed de sangre y se esforzaron por ocultar su represión” (p. 258). ¿Y qué es esto del avergonzamiento? Habrán utilizado la “máquina de la vergüenza”. O de la “desvergüenza”. Bobadas de solemnidad.

Los autores levantan luego la bandera de aquella consigna tramposa de la victoria: “Los que no tengan las manos manchadas de sangre, nada tienen que temer”. Una consigna desprestigiada hoy por cualquier estudioso y por quienes cayeron en la trampa. Fue una añagaza para pillar incautos, en el interior, y para burlarse de la mirada internacional, bajo apariencia de someterse a la Convención de Ginebra de 1929. Peter Anderson ha aclarado sabiamente esta cuestión.[55]  La citada Convención prohibía condenar por “rebelión” o por “delitos políticos” en guerras civiles, y sólo admitía condenas por “delitos comunes”. Por ello, la consigna de Franco de “las manos manchadas de sangre”, fue una tapadera para sus crímenes y para engañar a la comunidad internacional, ya que él “sólo fusilaba a delincuentes”, no a presos políticos. Esta falacia tuvo mucho éxito y llega a nuestros días como discurso frecuente en el conservadurismo español, con declaraciones espectaculares.[56]

Lo realmente cierto estaba en que la gran represión no fue de tipo penal, sino político[57] (Se perpetró por pertenecer a partidos de izquierdas, sindicatos, Frente Popular, Masonería, etc.).[58] Ahí está la célebre ley de represión política contra  “la Masonería y el Comunismo”, de 1-3-1940. Cuando P/P afirman que “no había pena de muerte para los delitos de índole política” (p. 266), incurren en una tergiversación absoluta. Un ejemplo de la total arbitrariedad de aquella “justicia” puede ser lo ocurrido a Antonio Varo Granados, de Pozoblanco (Córdoba), residente en Madrid, cuando los sucesos de su pueblo en 1936, condenado a “garrote vil” en 1940 por este “delito de sangre”: “Que la iniciación del Glorioso Alzamiento le sorprende en Madrid y que, teniendo en sus manos los destinos del pueblo, y lejos de presentarse en él… para impedir la comisión de atropellos y desmanes, sigue en Madrid…”.[59] Escapó de la muerte gracias a un capitán franquista al que Varo había ocultado en su casa de Madrid. Así era el azar del que pendía la vida de los vencidos en los tribunales vencedores.

Tampoco es cierto que la represión se aplicara sólo “a ciertos niveles de responsabilidad de los partidos de izquierda… ni que “los casos se analizaban individualmente” (p. 266. Y p. 258). Aquí hay que tener claro lo siguiente: que la represión franquista se lanzó, primero, contra el sistema (la II República democrática) y luego contra sus élites y contra la base socio-política que sustentaba el sistema. Y fue a los paredones gente de todo tipo y condición: significados políticamente y no significados. No se olvide que la represión franquista, entre otros aspectos, también era represión de clase: contra “los descamisados en alpargatas”. El plan era: diezmar, al menos, a las izquierdas, para que no levantaran cabeza en décadas. Así lo decía el asesino de Sevilla, Manuel Díaz Criado: “Aquí en treinta años no hay quien se mueva”.[60] La “rentabilidad” de una buena matanza ya la exaltó José Calvo Sotelo en las Cortes: “Los 40.000 fusilamientos de la Comuna aseguraron sesenta años de paz social”.[61] Así queda de manifiesto que se trataba de un objetivo represivo político, no penal.

No es cierto que “los casos se analizaban individualmente” (p. 266), cuando, hasta mediados de 1940, los consejos de guerra eran colectivos. En Madrid, por ejemplo, llevaban a los presos a juicio en camiones, a Las Salesas, lugar de las vistas. En una hora no daba tiempo ni a leer la lista de los acusados. Los abogados ni los conocían. Se limitaban a pedir “clemencia” al tribunal. Colectivo fue el rapidísimo consejo de guerra contra “Las 13 Rosas”, a primeros de agosto de 1939, en Madrid. Por cierto, no tenían “manchas de sangre”, sino que eran simples militantes de las JSU. Juicio político, por tanto. Un ejemplo de perfecta reconstrucción de un consejo de guerra, colectivo por supuesto, puede verse en la película La voz dormida (Benito Zambrano, 2011).

Insistimos en la falacia de los fusilados “por delitos de sangre”. Sabemos que a comienzos de 1938, los presos republicanos en manos de Franco eran 106.822, que la Inspección de Campos de Concentración y Prisioneros clasificaba en cuatro grupos: A (indiferentes o afectos), B (dudosos), C (desafectos) y D (posibles autores de delitos). Pues bien, en cuanto a los últimos, el porcentaje es el 2’13 %.[62] Entre la multitud de presos de Franco, poco más del dos por ciento podría ser acusado de las “manos manchadas de sangre” o de algún otro exceso. Los “manchados” eran pocos; los políticos, la gran mayoría.    

2) Tampoco cabe estudiar la represión franquista sin prestar atención a otra cuestión crucial y terrible: la práctica sistemática de la tortura, de lo que no muchos hablan, pero la sufrieron todos los presos sin escapatoria en la incoación de los sumarios; fue una tortura generalizada y brutal, de modo que no pocos se quedaron en las manos de los torturadores. En esta cuestión son fundamentales los testimonios orales y una docena de libros de memorias de gran valor, surgidos en la actual andadura democrática. La tortura fue “un principio fundamental” del franquismo, como de toda dictadura o tiranía. Junto a la tortura, la humillación de las mujeres, mediante el rapado y la ingesta de aceite de ricino y la exposición a la rechifla pública. 3) Hay que anotar también la onda expansiva del terror, según la cual las continuas sacas aterrorizaban no sólo a los compañeros y a toda la prisión, sino que el terror saltaba a la calle (familiares, vecinos, etc.). El franquismo sabía que el fusilamiento de una persona, no sólo propagaba el terror en el interior de las prisiones, sino también en el exterior, en la vida cotidiana de los pueblos.  

4) Desde las prisiones se organizó también el trabajo esclavo, en batallones de trabajadores que salían a la calle, lo cual fue creado ya en guerra, pero con muchas modalidades en la posguerra (Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, Colonias Penitenciarias Militarizadas, Destacamentos Penales, etc.).[63] Todos ellos sufrieron un régimen interno severísimo, con una considerable mortandad. No es cierta en modo alguno esta afirmación de P/P: “En comparación, los campos de concentración republicanos durante la Guerra Civil impusieron trabajos forzados mucho más severos” (p. 266). Esto es una boutade de lesa inteligencia. En cuanto a campos republicanos, en el Centro-Sur el principal “Campo de Trabajo” (se llamaban así) era el de Totana (Murcia), por una Orden del Ministerio de Justicia (Juan García Oliver) de 28-12-1936. Se ubicó en el antiguo convento de los Capuchinos y terrenos colindantes. Otra Orden de 11-1-1937 creó el Cuerpo de Vigilantes de Campos de Trabajo (algo impensable en la zona de Franco, donde los campos eran vigilados por falangistas, militares y porristas). En el articulado de la Orden republicana se puede leer: “(Art. 8) Todo funcionario está obligado a poner en conocimiento de su superior el hecho de existir cualquier internado que aparezca hallarse enfermo…o requiera especial cuidado, siendo deber del Director poner estos casos sin demora en conocimiento del Médico”. Y en el Art. 9 se dice: “Los funcionarios, en su trato con los internados, no usarán de la fuerza innecesariamente”. Y más adelante: “Al internado que durante el día haya trabajado con regularidad, observando buen comportamiento, se le concederá, en concepto de bono, un plus de 50 céntimos”. Los internos de Totana fueron algo más de un millar (la Orden prohibía que llegaran a dos mil, ni mayores de 60 años). Estas circunstancias marcan un abismo diferencial con relación al trabajo esclavo de Franco.

Además, el número de campos de Franco superó los 100 mientras que en la República no superaron la decena.[64] En cuanto a los Campos de Trabajo republicanos, hemos nombrado Totana. Hubo más en Cataluña, bajo la dirección del SIM: unos 6 (Tivissa, Concabella, Omells de Na Gaia, etc.). Ocurrieron algunos muertos por “ley de fugas”.[65] De todas formas, resulta improcedente totalmente pretender establecer un parangón entre campos franquistas y republicanos.

5) A continuación, el círculo carcelario fue el invernadero perfecto para la represión ideológica, en manos de los capellanes sobre todo, para imponer por la fuerza la ideología de los vencedores en la mente de los vencidos, cosa que se extendía también a las familias, cuando se obligaba al matrimonio canónico, para poder visitar al marido preso, o el bautismo obligatorio de los hijos para ingresar en colegios o poder visitar al padre preso, entre otras muchas formas de presionar la mente de los vencidos, buscando el exterminio de sus principios republicanos, laicos o de clase. Raphael Lemkin, además de la matanza masiva, puso en este aspecto la esencia de su concepto de genocidio: arrancar el pensamiento de los vencidos e imponerles la ideología (nacional-catolicismo) de los vencedores.[66]

6) Otro proyecto represivo de largo alcance fue la destrucción de las familias republicanas mediante el fusilamiento de los padres, la prisión de las madres, el desamparo de los hijos en orfelinatos y el plan organizado para que la ideología de los padres no se transmitiera a los hijos. Miles de familias fueron dispersadas, asesinados parte de sus miembros, o divididas por el exilio, la huida al monte o las desapariciones.  

7) Otra lacra de gran envergadura fue el robo y desaparición de niños. Una vez desestructuradas las familias, los niños errantes, en centros religiosos o bien arrancados de sus madres presas, fueron pasto de las adopciones irregulares. La cifra aproximada de niños robados por el  franquismo pudo ascender a 30.960,[67] evaluada así por, entre otros, varios organismos de la ONU. La Circular 2/2012 de la Fiscalía General del Estado se hizo eco de la cuestión del “robo de niños”, considerándolos delito permanente, no prescriptible. Otro cuadro dantesco en el haber del dictador: las penalidades de los niños de la posguerra, entre las cárceles, la orfandad, las desapariciones y el hambre fue algo inenarrable.[68]

 

3.2 La gran mortandad en las prisiones de Franco

 

Como octavo elemento de la multi-represión en el círculo carcelario aparece un cuasi experimento de exterminio, mediante hambre y privaciones, llegándose a la gran mortandad de 1941 dentro de las prisiones (curiosamente, también coincidente con la gran mortandad en los campos nazis en el mismo año), una catástrofe de hambre que se dio en todas las prisiones de España, a consecuencia de una dieta hipocalórica suministrada por la Dirección General de Prisiones (caldo de nabos podridos y similares), con lo que Franco llevó a la muerte, aproximadamente,  a cerca de un 15 % de la población penal. Se dio el caso de capitales de provincia que sufrieron en la posguerra más muertos dentro de la prisión que en los paredones. En Córdoba capital, posguerra, 584 fusilados, más 756 en la prisión provincial (de 3.500 reclusos), la mayoría de los muertos, en 1941 (502).[69]

Obsesionados por la polémica del número de fusilamientos, se han olvidado los estragos causados por el hambre, por una negligencia programada, ciertamente. Sólo unas palabras de pasada dedican los citados autores al exterminio carcelario, en una frase torpe gramaticalmente: “… Franco no dejó que muchos prisioneros izquierdistas murieran de hambre o enfermedad (en las prisiones).” (p. 268). “No dejó que muchos…”. Entonces, ¿cuántos fueron? ¿muchos? ¿pocos?... Los autores no saben entrar en esta cuestión. Ignoran cifras, a pesar de que ya se han publicado datos, con los que se podía haber contrastado la “magnanimidad del Caudillo” ante la gran mortandad de 1941 en las cárceles de Franco. Pero antes de sustanciar este cuasi “Auschwitz español” (repito lo de mutatis mutandis), anotemos otra referencia de P/P a las prisiones del régimen, incurriendo en un error de bulto: “A finales de 1941, la mayoría de las prisiones estaban cerradas…” (p. 267). No es cierto en modo alguno, por más que en la nota 30 aluden a los Documento inéditos para la historia del Generalísimo Franco, en un informe dirigido al dictador, con fecha 7-6-1943, nada fiable, con un gran tufo “blanqueador” o de auto-beatificación.  

Lo que se cerró a finales del verano de 1940 fueron las prisiones de los pueblos. Entre finales de septiembre de ese año y comienzos de octubre, grandes comitivas de presos llenaron las vías de España, camino de las prisiones provinciales (algunas ya estaban repletas: Puerto de Santa María, Burgos, San Miguel de los Reyes, etc.). Terminaba así el primer año y medio de la victoria, el más terrible para los presos, porque los molieron a palos en sus pueblos de origen, en prisiones habilitadas e insalubres. Franco ideó un retorcido plan para la venganza exhaustiva en esta primera fase de la represión (1939-1940), enviando a sus propios pueblos a los vencidos, allí donde todos, vencedores y vencidos, se conocían perfectamente y las represalias estaban garantizadas. Así se consumó una lenta purga, hasta finales del verano de 1940. Estas fueron las prisiones que se cerraron, y no todas.

Algunas prisiones seguían siendo locales y no provinciales: Almendralejo, Chinchilla, Cuéllar, San Simón, Fuerte de San Cristóbal, etc. La primera causa de la gran mortandad de 1941 fue el hacinamiento descomunal, para el que, por supuesto, no existía en modo alguno en España la infraestructura mínima y elemental. La gran desmesura de Franco fue pretender el apresamiento masivo de todo el Ejército perdedor (medio millón) y de centenares de miles de civiles. Esta hipérbole sólo se le podía ocurrir a una mentalidad cuartelera, africanista, y de torpe cabeza estudiantil, como fue el caso de Franco. En segundo lugar, después del hacinamiento llegó el hambre, en sentido literal. Franco la utilizó como instrumento represivo. No cabe duda de que, después de la oleada de fusilamientos, se dejó que las cárceles y el hambre hicieran el resto.

Es evidente que la dictadura descuidó por completo el presupuesto alimentario de los encarcelados. Durante el primer año y medio, cuando la fase de prisiones locales, fueron los familiares los que alimentaron a sus presos, a pesar de la indigencia general. Es conocida la estampa diaria de las familias haciendo cola ante las prisiones locales. Pero esto se acabó cuando fueron trasladados a las prisiones provinciales a finales del verano de 1940. La subsistencia ya sólo dependía del “rancho” oficial, los célebres caldos de berzas forrajeras, los nabos podridos, las remolachas, zanahorias negras (“caldo nazareno”), sin grasa ni carne. Así, por todas las prisiones de España. Se trataba de la dieta hipocalórica (800 calorías, siendo 1.200 el límite de supervivencia), de efectos letales, que las autoridades no ignoraban. Al estado general de debilidad y avitaminosis, y sin atención médica, se añadieron las lógicas epidemias (tifus exantemático, tuberculosis, etc.).

De esta manera, en 1941 los presos empezaron a caer a montones: 756 en la provincial de Córdoba; Sevilla, 786; en el pueblo de Almendralejo, 144; en San Simón (Pontevedra), 666; en Oviedo, 251; en Gernika, 265; en San Cristóbal (Navarra), 328; en la prisión de Huelva, 193 (1941-1942), Valencia, 813; Toledo, 680…[70] Poco más de una docena de prisiones se han estudiado en este sentido y ya existe un balance de más de 6.000 presos muertos de hambre. Por otra parte, sabemos que Franco organizó un campo de concentración de 300 mendigos en La Algaba (Sevilla) y murieron de hambre 144.[71] En la isla de Formentera funcionaba un campo de trabajo, adonde llevaron 114 extremeños de Badajoz: perecieron de hambre 58.[72] Los datos son incontestables, éstos y otros muchos.

La clave sobre la prisión de Córdoba me la aportó el abogado Francisco Poyatos, en los primeros años ochenta. Varios directivos de la prisión fueron procesados por intrigas entre ellos. Poyatos defendió al suministrador, basando la exculpación en el siguiente dato: la ración aprobada por la Dirección General de Prisiones no llegaba a las ochocientas calorías. Argumentó que los centenares de muertos en la prisión no habían ocurrido por la disminución fraudulenta de las raciones, sino porque la Dirección General de Prisiones, con imprevisión temeraria, aprobó unas raciones insuficientes.[73] En 1983 me aportó un extenso testimonio el ex médico de la prisión de Córdoba Joaquín Sama Naharro (También preso).[74]

Los autores gallegos Amoedo/Gil han revelado un dato escalofriante para los que decidan conocer realmente lo que fue la dictadura de Franco. En la prisión de San Simón (Pontevedra), de 2.176 presos, perecieron de hambre y privaciones 666.[75] Es decir, un 30’6 %. Escriben los citados autores: “… Hubo en aquel régimen cárceles y campos de concentración en los que los presos morían como moscas. San Simón… es un caso flagrante que nos hace reflexionar en que la eliminación de los presos estuvo planificada, creando las condiciones precisas, para que los hombres enfermasen o muriesen…” (cit., p. 70. La traducción del gallego es mía).

El historiador Eutimio Martín García coincide en nuestra línea de investigación. Escribe: “Sobrevivir en las cárceles franquistas dependía de la posibilidad o no de recibir alimentos del exterior. Oficialmente, la Dirección General de Seguridad no exigía una ración diaria superior a las 800 calorías.”[76] Por tanto, queda evidente que el franquismo buscó una segunda represión, además de los paredones, en la utilización del hambre y de la dieta hipocalórica en las cárceles. Se consiguió plenamente en 1941, en toda España. En su táctica habitual, los autores P/P han soslayado en absoluto la cuestión terrible de las cárceles franquistas. Los autores han puesto mucho cuidado en no meterse en la “otra España”, la de los vencidos, para no ofrecer el contraste obligatorio.

 

3.3 El vector nazi en la represión de Franco

 

En el discurso tan marcado ideológicamente que aparece en la biografía que nos ocupa se obvia, por supuesto, señalar cualquier mínima similitud de la represión franquista con el nazismo. Ya sabemos que la perfección nazi en el exterminio es inigualable. Pero, mutatis mutandis (cambiadas las cosas que hay que cambiar), Franco también supo diseñar en sus dominios lo que puede denominarse el “exterminio suficiente”, es decir, “su Auschwitz” particular, artesanal si se quiere, pero de gran eficacia. En materia de represión, los franquistas miraron siempre mucho más a los nazis que a los fascistas italianos (más blandos en este tema). No se puede olvidar “el vector nazi” en el Gobierno de Burgos, a decir de Ángel Viñas.[77] Éste sostiene que hubo cierto mimetismo en algunos métodos, acuerdos y protocolos, que dejaban abierta la puerta a cualquier tipo de actuación. Igual que en las prisiones franquistas, los oficiales de las SS gestionaban los almacenes y las cocinas de los presos, sisaban de todo, dejando raciones insuficientes para los presos. Muy parecido, por ejemplo, a Córdoba, era el suministro en Auschwitz: nabos, patatas, cebada (como a las bestias), etc. Sin duda, existen conexiones nazis en la represión franquista.

La primera conexión: el apresamiento masivo y el mundo concentracionario. La segunda: el hambre y la dieta hipocalórica, con un desinterés absoluto en la vida de los presos. La tercera: la coincidencia de la gran mortandad de 1941 en las cárceles franquistas con el mismo año en la gran mortandad en los campos nazis. La cuarta: fue idéntico el método de traslado de prisioneros, cerrados varios días en vagones de mercancías o ganado, sin alimento ni higiene. La quinta: la utilización del clima como extermino, que se dio con profusión; los presos del Sur los llevaron a las prisiones del Norte, donde el frío y las calamidades hicieron más que los paredones (Burgos, Palencia, Son Simón, Santoña, San Cristóbal, etc.). La sexta: una incipiente forma de selección de grupos humanos; los sexagenarios fueron llevados a la Isla de San Simón (Pontevedra), a disfrutar de los fríos vendavales del Atlántico. Pereció el 30%, que se dice pronto. Como ya se ha señalado, se creó un campo para indigentes en La Algaba (Sevilla). Perecieron el 50% de los 300 internados, literalmente de hambre. La séptima: inasistencia sanitaria. Como en los campos nazis, los médicos eran los propios médicos presos. La octava: la utilización del trabajo esclavo de manera masiva. La novena: la deshumanización y cosificación extremas de los presos, aunque no se llegara a los excesos del nazismo, cuyos niveles no tienen parangón posible.

 

3.4. Más flechas en el haz de represiones

 

Como punto noveno de la multi-represión, desde el círculo carcelario se organizó también la gran campaña de represión económica, mediante la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas (9-2-1939), a partir de un extracto de la sentencia condenatoria, más los informes de la Guardia Civil local, Alcalde-jefe local de Falange y cura párroco. Fue la última fase del destrozo económico de los vencidos, que ya habían sufrido los Expedientes de Incautación de Bienes durante la guerra y lo que fue mucho peor: el expolio directo de muebles, fincas rústicas y urbanas, negocios, tanto en guerra como en posguerra. Este expolio directo –robo- fue el más ruinoso de todos y se practicó a mansalva por los franquistas, al comienzo de la guerra y al comienzo de la posguerra.[78] El gran expolio no “fue una concesión a las unidades marroquíes”, como afirman P/P (p. 171), dejándose llevar del tópico exculpatorio habitual. Es cierto que a los marroquíes les permitían hacerse con la calderilla del expolio (por ejemplo, las máquinas de coser que vendían luego un mercadillo en la plaza de toros vieja de Córdoba), pero el expolio de muchas fincas rústicas y urbanas, huertas, cosechas de trigo y de vino, comercios y negocios, de los que hicieron acopio las “buenas familias”, falangistas, carlistas, militares y avispados del momento, eso fue un cataclismo para los vencidos. El gran trasvase de la propiedad de los vencidos a favor de los vencedores, en guerra y posguerra, sería tema de gran atractivo para muchos estudios.

Ni los propios franquistas cumplieron su omnipresente Código de Justicia Militar (1890), entonces vigente, que en su Artículo 233 tipifica así: “Serán castigados con la pena de cadena perpetua a muerte, previa degradación, los militares que, prescindiendo de la obediencia a sus jefes, incendien o destruyan edificios u otras propiedades, saqueen a los habitantes de los pueblos o caseríos, o comentan actos de violencia en las personas. A los promovedores y al de mayor empleo les será impuesta siempre la pena de muerte”. Pero a ninguno se castigó por el expolio más grande jamás contado.

La pendiente de la represión económica contra los vencidos nos lleva también por otros derroteros terribles que los autores eluden: la exclusión laboral y las depuraciones, por ejemplo. En 1939, Franco desató la eclosión final de la depuración de los desafectos bajo el concepto de que el trabajo pertenecía a los vencedores. La vida laboral como botín de guerra. La Ley de Responsabilidades Políticas ya establecía las bases para la depuración de los empleados públicos. Siguió la depuración de los periodistas (24-5-1939). La ley de 25-8-1939 declaró restringidas todas las oposiciones y concursos a favor de los vencedores. Luego llegó la depuración de los médicos (6-10-1939). La gran depuración del personal docente venía de antes, cuyas Comisiones Depuradoras databan ya del 11-11-1936 (Decreto 66 de la Junta Técnica del Estado). El 25 % del Magisterio español fue depurado (aparte de los muchos que fueron fusilados). Morente Valero ha visto grandes similitudes entre la escuela fascista italiana y la escuela franquista.[79] No sólo fueron las depuraciones. Se hizo imposible la supervivencia económica de los vencidos (uno de los tipos de genocidio que establece Raphael Lemkin[80]) acosados, además, por el racionamiento y el estraperlo. Una orden ministerial de 14-5-1939 estableció la Cartilla de Racionamiento (conservo la mía infantil, de 1948), para productos básicos y precios tasados. Con estas cartillas, la gente humilde pasaba hambre.[81] Surgió enseguida el llamado estraperlo o mercado negro, un nuevo castigo para la gente humilde, con precios prohibitivos.  

Por último, como punto décimo de la multi-represión, relacionado también con las cárceles, estaba el control de las familias a través del Servicio de Libertad Vigilada. Se creó por un decreto de 22-5-1943, como un nuevo mecanismo de control por el Estado sobre los libertos y sus familias. No se trataba en modo alguno de medidas de inserción social ni nada parecido sino de vigilancia y acoso puro y duro contra los  “rojos”, a los que había que vigilar sus pasos, lo cual se visualizaba muy bien en los pueblos, cuando al atardecer tenían que acudir todos los ex presos al cuartel de la Guardia Civil a “pasar lista” y cantar el “Cara al sol”.  No podían ausentarse del pueblo o aceptar trabajos fuera del mismo sin permiso. Peor aún era cuando la libertad conllevaba destierro (el 25% de libertos).[82]

 

4.  Epílogo

 

Llegados a este punto se impone una reflexión ante la publicación de la pretendida biografía “objetiva” de Franco, personal y política, que contiene un insólito acopio de errores, omisiones y tergiversaciones. Llama la atención, sobre todo, la falta de atención a los importantes estudios de investigación realizados en España en los últimos veinte años y el pábulo que dan únicamente a un par de autores muy tangenciales, con el único marchamo de una posición ideológica extremadamente marcada, que por supuesto impregna de principio a fin la obra biográfica que nos ocupa.  Los autores llenan su libro de anotaciones exculpatorias o visiones edulcoradas del dictador, como ésta: “Aunque, sin duda alguna, la represión fue muy dura, se pareció a las que tuvieron lugar en otras guerras civiles revolucionarias de Europa durante esa época” (p. 268). Esto es claramente impertinente, sin concretar de qué guerras civiles “revolucionarias” estamos hablando.[83]  

        En el fondo del discurso historiográfico de P/P alienta una falacia: la culpable de todo fue la República, y su “perversidad” justificó el “Glorioso Movimiento”. Lamentablemente, no tienen en cuenta la obra de Sánchez Soler,[84] que ofrece fundamentos comparativos entre la primavera de 1936 y, por ejemplo, la “modélica” Transición, cuando la conflictividad fue muy superior a la “mítica primavera” de 1936. Tampoco citan obras anti-míticas, realistas y fidedignas de la España pre-bélica, como el ya clásico Claude G. Bowers,[85] embajador norteamericano, así como el escocés Sir Peter Chalmers-Mitchel.[86] Con estos contrastes, la conclusión hubiera escapado a lo tendencioso.

        La obra de P/P  es un ejercicio mítico en pleno siglo XXI. La primera sensación que surge es la de un tono, talante y estilo profundamente viejos y caducos, como si la obra se hubiera escrito en 1975. En segundo lugar, reproduce la visión amable que mantiene el conservadurismo español desde medio siglo, y ese discurso al que los autores son miméticos es el discurso que las derechas de hoy quieren oír. En tercer lugar, los autores no se libran de un visible discurso laudatorio, aunque lo intenten velar con algunos débiles contrastes. Para ellos y para su público Franco es “… el general político más importante de la historia de España” (p. 625). “La figura más importante de España desde los tiempos de Felipe II” (p. 623). Visiones erráticas se pueden explicar cuando sabemos que Jesús Palacios procede del CEDADE, una organización ultraderechista del posfranquismo.[87] Se comprende así la evidente tendencia del texto. Afirman que el Caudillo “… dirigió la transformación cultural… de su país” (p. 623). No fue así. La cultura, arrasada, se desarrolló en contra de Franco, no a su favor. Añaden: “Tras su muerte dejó una sociedad más feliz, próspera, potente y moderna que aquella de la que se hizo cargo” (p. 625). Es falso. En 1975, Franco dejó España muy por debajo de la media europea del entorno en todos los indicadores económicos y además fuera de los organismos decisorios europeos, fruto del aislamiento de la dictadura. Lo que dejó Franco al morir en la cama fue una España dividida, sin un proyecto de integración de “todos los españoles”, frase que se hizo recurrente en la Transición: reinar o gobernar para “todos los españoles”, cosa que no había ocurrido con Franco.

        Franco permitió la existencia de españoles de primera y españoles de segunda, sumidos en la gran hambruna de los años cuarenta. Mantuvo una férrea censura y silencio, para que las generaciones nuevas no conociesen el pasado de terror, de manera que la sociedad de hoy apenas acierta a valorar ni el verdadero perfil del dictador ni su actuación sanguinaria. No fue admirable, no, la España que dejó, después de graves violaciones de los derechos humanos, cometidas en el contexto de una guerra y en una larga dictadura, en un proceso de desintegración nacional que nunca remedió, porque nunca gobernó “para todos”. Cuando acabaron sus días, lo que se buscó en la Transición fue lo que no había: la reconstrucción nacional, la integración de los excluidos, la legalización de los ilegalizados y la democracia perdida en 1939.[88]

La proclama de “objetividad” formulada por P/P es falsa, ya que la obra, carece de novedades (a no ser las conversaciones con Carmencita), cuando la verdad sobre Franco hay que buscarla, por ejemplo, en los papeles del “Cuartel General del Generalísimo”, AGM de Ávila; en los Archivos Militares Territoriales, y demás posibilidades de investigación.



[1] Nada menos que tres organismos de la ONU se ocuparon de España entre 2013-2014, sobre la cuestión de los “desaparecidos” y la creación de una Comisión de la Verdad. En la última semana de septiembre de 2013 visitó España el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Un mes después, en su 5º período de sesiones (4/15-11-2013), el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas estudió el caso español (el informe definitivo se ha publicado el 2 de julio de 2014). Por último, el 3-2-2014, el Relator Especial de la ONU para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, dio a conocer su Informe Provisional (el definitivo, el 22-7-2014).
[2] Rueda de prensa de los autores Payne-Palacios, en Madrid, el 1 de diciembre de 2014, recogida por la Agencia Efe, y difundida en varios medios.
[3] Sobre el final agónico de la República han escrito últimamente, entre otros, Ángel Bahamonde Magro y Javier Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, Marcial Pons, Madrid, 1999; Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez, El desplome de la República, Crítica, Barcelona, 2009; Francisco Moreno Gómez, Trincheras de la República, El Páramo, Córdoba, 2013; Ángel Bahamonde Magro, Madrid 1939. La conjura del coronel Casado, Cátedra, Madrid, 2014; Paul Preston, El final de la guerra. La última puñalada a la República, Debate, Barcelona, 2014; Francisco Alia Miranda, La agonía de la República. El final de la guerra civil española (1938-1939), Crítica, Barcelona, 2015.
[4] Miguel A. Rodríguez Arias, entrevista en www.nuevatribuna.es, 20 febrero 2010. Existe otra cita en Francisco Espinosa, Hispania Nova, 2010, p. 62, que los autores Payne-Palacios no tienen en cuenta.
[5] Paul Preston, conferencia “Franco, el gran manipulador”, jornadas sobre Memoria Histórica,  en Lucena (Córdoba), 16 de febrero de 2008.
[6] Una visión acertada de “la limpieza” practicada por el franquismo aparece en el documental de Martin Jönsson y Hjorthén Pontus, El final del silencio. Mari Carmen España, producción sueca (Andreas Jonsson y Robert Danielsson), 2007-2008.
[7] Esta idea la desarrolló el ex juez Baltasar Garzón en la Universidad de Sevilla el 13 de enero de 2014, en un coloquio con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, donde Garzón, entre otras consideraciones, dijo: “… En España, basta con tocar el tema de la guerra civil para que salten ampollas… ¿Dónde está la reconciliación? Si cuestionas que se tiene que abrir una fosa, se te caen encima todas las estructuras…”.
[8] Posiblemente continuaba vigente el decreto de 11 de mayo de 1931 que acabó con la capacidad jurídica de los capitanes generales, recayendo esta responsabilidad en los Auditores. Con la misma fecha se creó la Sala VI del Tribunal Supremo.
[9] Es una referencia archiconocida. Véase, por ejemplo, en Mariano Sánchez Soler, Los Franco, S. A., Leer-e, Pamplona, 2010 (Libros en Google Play): “Terminada la comida, en el momento del café, alguien aparece. Se trata de Lorenzo Martínez Fuset, teniente coronel y asesor jurídico de su Estado Mayor… Trae una carpeta llena de papeles, que deposita ante Franco. El Generalísimo, sin mirarlos siquiera, va firmando los papeles uno tras otro, sin dejar de hablar. Una vez terminadas las firmas, Fuset recoge su carpeta… y desaparece… Termina de tomar su café, pero ante la mirada interrogativa de su invitado, comenta: Nada de importancia. Eran sólo las sentencias de muerte de hoy (Nota 18)”.
[10] El Sumarísimo de Urgencia contra Francisco Jiménez Pozo acabó con pena de muerte en la mesa del Auditor de Sevilla, y después en la mesa de Capitanía General de esta manera: “Capitanía General de la Segunda Región.- 5ª Sección de E. M. (Justicia).- Sevilla, 5 de enero de 1945.- De conformidad con el anterior dictamen de mi Auditor, apruebo la sentencia dictada contra el procesado Francisco Jiménez Pozo, en la que se le condena a la pena de muerte como autor de un delito consumado de robo a mano armada, del artículo 53 de la Ley de Seguridad del Estado, dejando en suspenso la ejecución de la misma, hasta tanto que por la Superioridad se resuelva respecto a su ejecución o conmutación, en cumplimiento de lo dispuesto en la orden comunicada de 29 de diciembre de 1943.- El Capitán General de la Región.”
[11] El “enterado” llegó de la siguiente manera: “Ministerio del Ejército.- Asesoría Jurídica.- Ignacio Cuervo-Arango y González Carbajal, Auditor de División, Jefe de la Asesoría Jurídica del Mº del Ejército, CERTIFICO: Que el Gobierno, al que ha sido notificada la parte dispositiva de la sentencia que pronunció el Consejo de Guerra, celebrado en Jaén, para ver y fallar el procedimiento 346, seguido contra Francisco Jiménez Pozo (a) El Churro, se da por ENTERADO de la pena impuesta. Y para que conste, a sus efectos, expido el presente en Madrid, a seis de febrero de mil novecientos cuarenta y cinco”.
[12] Código de Justicia Militar, Gaceta de Madrid, núm. 279, 6 de octubre de 1890.
[13] Esta teoría de que la represión se esfuma cuando Franco llega a Generalísimo procede de Julius Ruiz, teoría simplista y falsa que viene difundiendo por diversos medios en sus visitas a España desde Edimburgo. Estas y otras teorías curiosas las expuso en una entrevista en Periodista Digital, el 18 de enero de 2012.
[14] Ian Gibson, Federico García Lorca. De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936), Grijalbo, Barcelona, 1987, II, p. 476.
[15] José Luis Cervero, Los rojos de la Guardia Civil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006.
[16] Sobre este trágico episodio existe bibliografía: Jesús Majada y Fernando Bueno, Carretera Málaga-Almería (Febrero de 1937), Caligrama, Málaga, 2006. Lucía Prieto Borrego y Encarnación Barranquero, Población y guerra civil en Málaga. Caída, éxodo y refugio. Diputación, Málaga, 2007. Y por supuesto, Henry Norman Bethune, El crimen de la carretera Málaga-Almería, Caligrama, Málaga, 2007.
[17] Extracto subido a Google por la CAUM, bajo el título El crimen de la carretera de Málaga-Almería, procedente de la obra de Norman Bethune, El crimen de la carretera Málaga-Almería, Publicaciones Iberia, Madrid, 1937. Otra edición en Caligrama, Málaga, 2007.
[18] Francisco Moreno Gómez, La victoria sangrienta, Madrid, Alpuerto, 2014, p. 207 y ss. Se ofrece amplio detalle de la ola de “paseos”, durante abril y mayo de 1939.
[19] Juan A. Alejandre, “La justicia penal durante la guerra civil”, Historia 16, fasc. 14  de la serie “La Guerra Civil”, 1986.
[20] Eusebio González Padilla, “La justicia militar en el primer franquismo”, en la red, dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2241005.pdf. Consultado 20-2-2015.
[21] Orden-Circular sobre la creación de las Comisiones Provinciales del Examen de Penas, de 25 de enero de 1940.
[22] Juan José del Águila, “La jurisdicción militar de la guerra en la represión política: Las Comisiones Provinciales (CPEP) y Central de Examen de Penas (CCEP), 1940-1947”, Comunicación en el IX Congreso de Historia Contemporánea, Murcia, 17-20 septiembre 2008. Pablo Gil Vico, La noche de los generales, Barcelona, 2004. Ángeles Egido, El perdón de Franco, Madrid, 2009. Ángeles Egido y Matilde Eiroa, “Los confusos caminos del perdón: de la pena de muerte a la conmutación”, en Julio Aróstegui (Coord.), Franco: la represión como sistema, Flor del Viento, Madrid, 2012.
[23] Juan Antonio Pérez Mateos, Los confinados: Relato vivo de los desterrados, Plaza y Janés, Barcelona, 1976.
[24] Mirta Núñez Díaz-Balart, La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Flor del Viento, Madrid, 2009, p. 207.
[25] Periódico Redención, de 14 de agosto de 1943.
[26] Ibidem, 28 de junio de 1941.
[27] Ibidem, 16 de enero de 1943.
[28] Domingo Rodríguez Teijeiro, “Excarcelación, libertad condicional e instrumentos de control poscarcelario en la inmediata posguerra (1939-1945), Universidad de Vigo, trabajo disponible en la red: http://www.researchgate.net/publication/262934225. Consultado 20-3-2014.
[29] José Manuel Sabín Rodríguez, Prisión y muerte en la España de posguerra, Anaya-Mario Muchnik, Madrid, 1996, pp. 212-213.
[30] Parece desatarse ahora una oleada de “blanqueadores” de la figura del dictador, como nueva fase del llamado “revisionismo”, todos con “objetividad”. Véase el periodista Joaquín Bardavío, El reino de Franco. Biografía de un hombre y su época, Ediciones B, Barcelona, 2015.
[31] Francisco Moreno Gómez, “Franco, timonel de la represión”, conferencia impartida en la Facultad de Filosofía y Letras, Córdoba, 29 de octubre de 2014, inédita, donde se plantearon tres temas: la aplicación de la “ley de fugas” en Badajoz-Córdoba, abril y mayo de 1939; cómo estas ejecuciones sumarias fueron obra del SIPM. Finalmente se concretaron las “conexiones nazis” de la gran represión española.
[32] Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo, La trama oculta de la guerra civil. Los servicios secretos de Franco, Crítica, Barcelona, 2006, p. 48. Y Fernando Barrero, “Misión urgente del SIPM”, p. 6, en pág. virtual www.todoslosnombres.org. Consultado 17-1-2015.
[33] Heiberg / Ros, citado, p. 260.
[34] Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), DN, “Información. Instrucciones generales. Instrucción nº 4, del día 10 (de abril). Campos de concentración de prisioneros. Abril 1939. A. 23, L. 1, C. 34, D. 1, o C. 1.501, Cp. 34. (Fernando Barrero, “Historia y tragedia de la 109 BM en el Campo de Zaldívar” (Badajoz), p. 27, www.todoslosnombres.org). Consultado 18-1-2015.
[35] AGMAV, DN, “Información. Instrucciones sobre prisioneros y presentados, y sobre recogida de documentación enemiga, de fecha 29, y para Comandantes Militares, de fecha 30. Marzo de 1939”. A. 23, L. 1, C. 30 (Fernando Barrero, “Historia y tragedia…”, p. 27. www.todoslosnombres.org). Consultado 18-1-2015.
[36] AGMAV, DN, Agrupación de Divisiones Tajo-Guadiana. Información. Instrucciones generales. Instrucción nº 4, del día 10 (de abril). Campos de concentración de prisioneros. Abril 1939”. A. 23, L. 1, C. 34, D. 1, o C 1.501, Cp. 34, D. 4 (Fernando Barrero, “Historia y tragedia…”, p. 35. www.todoslosnombres.org). Consultado 18-1-2015.
[37] AGMAV, DN, “Ejército del Centro. Instrucción nº 3. Instrucciones para los Oficiales interrogadores. Sin fecha”.  A. 16, L. 25, C. 17, D. 1, nº 43, o C. 1194, Cp. 17, D. 1/53 (Fernando Barrero, “Historia y tragedia…”, p. 43. www.todoslosnombres.org). Consultado 18-1-2015.
[38] Documentos de la Causa General, Archivo Histórico Nacional, de Madrid (Legajos 1.053 y 1054, correspondientes a Badajoz).
[39] Fernando Barrero Arzac, “Misión urgente del SIPM”, p. 8, en www.todoslosnombres.org. Consultado 17-1-2015.
[40] Michel Lieberich, “El món concentracionari europeu”, en Congreso. Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo, Crítica, Barcelona, 2003, p. 7.
[41] Michel Ricards, Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Crítica, Barcelona, 1999, p. 30.
[42] Renzo Stroscio, “Hacia una tipología de los campos de concentración y exterminio nacionalsocialistas”, Congreso…, citado, p. 77 y ss.
[43] Han escrito fundadamente sobre el tema Pedro Pascual, “Campos de concentración en España”, Historia 16, Año XXV, núm. 310, febrero de 2002; Idem, “Campos de concentración en España y Batallones de Trabajadores”, en Congreso…, citado, p. 359 y ss.; Javier Rodrigo, Los campos de concentración franquistas, entre la historia y la memoria, Siete Mares, Madrid, 2003; Joan Llarch, Campos de concentración en la España de Franco, Producciones Editoriales, Barcelona, 1978.
[44] Así consta en el Breve resumen de la obra del Ministerio de Justicia para la pacificación espiritual de España, Ministerio de Justicia, diciembre de 1945, publicado en 1946. Sobre el desfase entre las cifras de presos y la realidad, también Gutmaro Gómez Bravo, “El desarrollo penitenciario en el primer franquismo (1939-1945)”, en la revista virtual Hispania Nova, núm. 6, 2006. Los datos más repetidos sobre presos en el franquismo se hallan también en Ángel B. Sanz, De Re Penitenciaria (Prólogo de Eduardo Aunós), Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, Madrid, 1945, p. 181. Datos reproducidos por Halliday Sutherland, Spanish Journey, Hollis and Carter, Londres, 1948, p. 47.
[45] Sobre las mujeres en las prisiones franquistas he dedicado un largo capítulo en mi libro La victoria sangrienta, Alpuerto, Madrid, 2014, p. 535 y ss., teniendo en cuenta las magníficas obras testimoniales de Tomasa Cuevas (1982, 2004), Mercedes Núñez (1967) y Juana Doña (1978), fundamentalmente. Existe ya amplia bibliografía: Ricard Vinyes Rivas, Irredentas: las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Temas de Hoy, Madrid, 2002. F. Hernández Holgado, Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas de la República al franquismo (1931-1941), Marcial Pons, Madrid, 2003. Ángeles Egido, El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Catarata, Madrid, 2009. Encarnación Barranquero y Matilde Eiroa, “La cárcel de mujeres de Málaga en la paz de Franco”, en Studia Historica. Historia Contemporánea, 29, Salamanca, 2011, pp. 119-137.
[46] Martín Torrent García, ¿Qué me dice usted de los presos? Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1942, p. 2. Con todo, el autor tapado de este libro fue Luis Lucia, ex político de la CEDA, preso de los republicanos en Barcelona y luego de los franquistas. Véase Vicent Comes, “Un secreto de Luis Lucía y el engaño del capellán Martín Torrent”, Historia 16, núm. 263, 1998, pp. 28-35.
[47] Ricard Vinyes, “El universo penitenciario durante el franquismo”, en la obra conjunta Una inmensa prisión, Crítica, Barcelona, 2003, p. 163.
[48] Julius Ruiz, Franco’s Justice: Repression in Madrid after the Spanish Civil War, Oxford, 2005. En escritos posteriores ha intentado rectificar con cifras superiores.
[49] Julius Ruiz, Journal of Contemporary History (44, 3 julio 2009, pp. 449-472).
[50] Francisco Espinosa Maestre (Coord.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Crítica, Barcelona, 2010, p. 78.
[51] Santos Juliá (Coord.), Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999, p. 411.
[52] Francisco Espinosa Maestre (Coord.), Violencia roja y azul, citado, p. 78, hace un recuento de 130.199 de víctimas republicanas, pero en los últimos años se han producido varias correcciones al alza.
[53] El dato recibió espaldarazo mundial en las Observaciones Preliminares del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de 30-9-2013, y en el Informe Definitivo, de 2-7-2014.
[54] Francisco Moreno Gómez, Trincheras de la República, 1937-1939, El Páramo, Córdoba, 2013, p. 560. Antonio Vilanova habla de 14.672 muertos en esos primeros tres meses de exilio en el Sur de Francia, en su obra Los olvidados. Los exiliados españoles en la segunda guerra mundial, Ruedo Ibérico, París, 1969, p. 10, citando fuentes de “autoridades francesas”. Las mismas cifras recoge Geneviève Dreyfus-Armand, El exilio de los republicanos españoles en Francia, Crítica, Barcelona, 2000, p. 53.
[55] Peter Anderson, “Francisco Franco, ¿Criminal de guerra?”, en Hispania Nova, núm. 10, 2012. También, en Peter Anderson y M. A. del Arco Blanco (eds.), Lidiando con el pasado. Represión y memoria de la guerra civil y del franquismo, Comares, Granada, 2014, “Escándalo y diplomacia. La utilización de los consejos de guerra para mantener la represión franquista durante la guerra civil”, pp. 83-100.
[56] Entre otros casos, se cita el del alcalde de Baralla (Lugo), Manuel González Capón, del PP, que a primeros de agosto de 2013 dijo: “Los condenados a muerte por Franco se lo merecían”.
[57] El escritor Ferrán Fontana Grau (Tarragona) fue fusilado por ser “autor de varias obras teatrales de matiz y tendencia revolucionaria, y que las mismas se representaron en teatros de Reus y que el mismo encartado dirigía; es autor también de versos del mismo carácter y tendencia, como el titulado ‘Canción de retaguardia’, que obra unido a las actuaciones”. Lo ejecutaron el 8-8-1939 (J. Subirats Piñana, Pilatos, 1939-1941. Prisión de Tarragona, F. Pablo Iglesias, Madrid, 1993).
[58] El catálogo de las acusaciones frecuentes contra los procesados por el franquismo puede verse en F. Moreno Gómez, La victoria sangrienta, citado, p. 235 y ss.
[59] Causa núm. 26.454/1939, vista en Pozoblanco, el 22 de abril de 1940.
[60] Antonio Bahamonde, Un año con Queipo de Llano, Espuela de Plata, Sevilla, 2005, p. 159.
[61] Manuel Álvaro Dueñas, “La legitimación de la represión franquista”, en Mirta Núñez Díaz-Balart, La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Flor del Viento, Madrid, 2009, p. 101.
[62] Antonio D. López Rodríguez, Cruz, bandera y caudillo. El campo de concentración de Castuera, CEDER-La Serena, Badajoz, 2006, p. 72.
[63] La disección del tema terrible del trabajo esclavo se puede hallar en Santos Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999, p. 277 y ss. (edic. de 2004). En Francisco Moreno Gómez, La victoria sangrienta, 1939-1945, cit., p. 519 y ss. En el documental de Fernando Mendiola y Edurne Beaumont, Desafectos. Esclavos de Franco en el Pirineo, Eguzki Bideoak, Memoriaren Bideoak, 30’, 2007. En el documental de Mariano Agudo y Eduardo Montero, Presos del silencio, documental, Intermedia Producciones, Sevilla, 2004. Rafael Torres, Los esclavos de Franco, Oberón, Madrid, 2000. Isaías Lafuente, Esclavos por la patria, Temas de Hoy, Madrid, 2002. De haber consultado esta bibliografía mínima, el libro de Payne-Palacios no hubiera incurrido en el error de decir que la participación de los presos en el trabajo esclavo  “siempre fue voluntaria” (p. 266). Es un error. Siempre fueron trabajos “forzados”. Sólo fue voluntario adscribirse o no a la modalidad de “Redención de Penas por el Trabajo”, que es algo muy diferente, modalidad que sólo aceptó el 5% de los presos.  Y otra puntualización: Durante la guerra no se crearon Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (p. 266) (Esto fue en la posguerra). Durante la guerra se crearon Batallones de Trabajadores, sin más. Otro error: no solían darse “sentencias a trabajos forzados” (p. 266), sino que los trabajos forzados solían ser un destino posterior a las sentencias. Que “los trabajos forzados tuvieron un papel mucho más limitado que en otras dictadoras” (p. 266), tampoco es cierto: En Europa occidental, en este tema, Franco fue el más “esclavizador” de la Europa fascista, sólo aventajado por Hitler.
[64] Estas teorías insólitas de Payne-Palacios sobre los trabajos forzados en los campos están tomadas de Julius Ruiz, experto en infravalorar la represión franquista e hipervalorar la republicana, “Work and Don’t Lose Hope: Republican Forced Labor Camps during the Spanish War”, en Contemporary European History, 18, 4, 2009, pp. 419-441.
[65] La fuente para los Campos de Trabajo republicanos es Francesc Badía, Els Camps de Treball a Catalunya durant la Guerra Civil, 1936-1939, Abadía de Montserrat, Barcelona, 2001. Este libro adolece de cierto pathos religioso, que mediatiza demasiado el texto.
[66] Raphael Lemkin, El dominio del Eje en la Europa ocupada, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2008 (1ª edición en inglés, 1944).
[67] La base legal franquista para el robo o desaparición de niños reside, primero, en la Orden de 30 de marzo de 1940, por la que se prohibía la estancia en la cárcel con sus madres a los niños mayores de tres años. Segundo, la Ley de 4 de diciembre de 1941, según la cual se podía cambiar de nombre a los niños desamparados. Una investigación de obligada consulta es la siguiente: Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Belis, Los niños perdidos del franquismo, Plaza y Janés, Barcelona, 2002, y el documental del mismo título y fecha, producido por Televisión de Cataluña. Estas cifras de la catástrofe infantil han pasado a un documento de la ONU, Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al concluir su visita a España, dado en Madrid, a 30 de septiembre de 2013. Este Informe se publicó como definitivo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 2 de julio de 2014. En cuanto a los adultos desaparecidos, las Observaciones Preliminares reproducen su cuantía en 114.226, cifra todavía incompleta en el Auto del ex juez Garzón. A ello habría que sumar los asesinados por consejo de guerra, no “desaparecidos” como tales.
[68] Uno de aquellos niños sufridores fue Ernesto Caballero Castillo, que ha publicado un libro, Vivir con memoria, El Páramo, Córdoba, 2011, perfecto reflejo de muchas de las cosas que ocurrieron.
[69] Esta gran mortandad carcelaria en Córdoba ya la di a conocer en 1987 (mi libro Córdoba en la posguerra, Fco. Baena, Córdoba, 1987), estudio muy ampliado en mi libro La victoria sangrienta, cit., p. 488 y ss.
[70] Para estas cifras hemos contado con estudios de José Mª García Márquez, Manuel Rubio Díaz, Silvestre Gómez Zafra, Gonzalo Amoedo López, Roberto Gil Moure, Diego San José, José Manuel Sabín, Francisco Moreno Gómez, Francisco Espinosa, entre otros.
[71] Se hicieron eco por primera vez de este desastre: Mª Victoria Fernández Luceño, Miseria y represión en Sevilla (1939-1950), Patronato del Real Alcázar, Ayuntamiento, Sevilla, 2007, p. 181 y ss.; José Mª García Márquez, Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963), Aconcagua, Sevilla, 2012, p. 174.
[72] Artur Parrón i Guasch, Revista Memoria Antifranquista del Baix Llobregat. El genocidio franquista en Extremadura, Barcelona, núm. 12, Extraordinario, 2012, p. 119.
[73] Francisco Poyatos López, Memorias de un hombre de toga, Córdoba, 1979, p. 146 y ss.
[74] Testimonio oral de don Joaquín Sama Naharro, en Córdoba, el 8 de julio de 1983. Un hombre ilustrado, de aquella generación eminente de la República, cuya valía se llevó el huracán del franquismo, sin haber sido jamás reconocidos.
[75] Gonzalo Amoedo López y Roberto Gil Moure, Episodios del terror durante la guerra civil na provincia de Pontevedra. A illa de San Simón, Xerais, Vigo, 2007.
[76] Eutimio Martín García, “El turismo penitenciario franquista”, Historia 16, núm. 239, marzo, 1996, pp. 19-25.
[77] Véase Ángel Viñas, en su reseña a mi libro La victoria sangrienta, julio 2014, en su blog www.angelvinas.es. La influencia de los asesores nazis en los métodos represivos y policíacos, los han señalado varios autores, como Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo, La trama oculta… cit. Y Manuel Ros Agudo, La guerra secreta de Franco, Crítica, Barcelona, 2002.
[78] Una perfecta visualización de este gran expolio aparece en el documental  Nos quitaron todo, de Patxi Eguilaz, Creative Commons, 2011, 85’. Distribución: Eguzki Bideaoak, geronimouztariz.com. Ahí queda patente lo que hicieron los franquistas en una docena de pueblos navarros.
[79] Los dos grandes especialistas en la depuración del Magisterio son dos andaluces: Francisco Morente, de Granada; y Manuel Morente, de Córdoba. Concretamente: Francisco Morente Valero, La Escuela y el Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional (1936-1939), Ámbito, Valladolid, 1997; Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la Guerra Civil, El Páramo, Córdoba, 2011.
[80] Raphael Lemkin, Axis Roule in Occupied Europe, II, cap. IX, Columbia University Press, New York, 1944. Existe traducción en castellano, El dominio del Eje en la Europa ocupada, Buenos Aires, Argentina, Prometeo Libros, 2008-2009.
[81] Ana Tudela, “Hambre, cartilla y estraperlo: España no come escrúpulos”, en El Público.es, 2 de abril de 2009.
[82] José Manuel Sabín, 1996, p. 209.
[83] En Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Crítica-Bolsillo, Barcelona, 2005, p. 279, se aporta un sintético panorama de algunas guerras civiles europeas, con una represión mucho más leve que la española. Por tanto, la exculpación de Franco parece difícil por el camino comparativo.
[84] Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Península, Barcelona, 2010.
[85] Claude G. Bowers, Misión en España. En el umbral de la Segunda Guerra Mundial (1933-1939), Simon and Schuster, New York, 1954; Grijalbo, México, 1955; y Grijalbo, Barcelona, 1977.
[86] Sir Peter Chalmers-Mitchel, Mi casa de Málaga. Memorias de un aristócrata escocés en la España republicana, Renacimiento, Sevilla, 2010 (1ª edición inglesa, 1938).
[87] Blanco y Negro, Madrid, 25 de mayo de 1974, p. 69. Ahí aparece Jesús Palacios como delegado de relaciones exteriores de CEDADE y escribe sobre “la decadencia y degeneración de Occidente”. También, Alberto Gayo y otros, “Neofascistas dan clase en la Universidad Complutense”, Interviú.es, 28-10-2010. Un espectáculo de aurora boreal.
[88] Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, “2012: Las posibilidades legales de la Memoria Histórica”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núms. 14-12, diciembre de 2012.

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